“La crisis política del país es una consecuencia más de la herencia colonial que sustenta las economías extractivas depredadoras hasta la fecha”

Desde diciembre de 2022 y la destitución del presidente Pedro Castillo, Perú se enfrenta a una crisis política y a una escalada de violencia sin precedentes que se ha saldado con la muerte de más de 60 manifestantes. Los actos represivos de la policía, empleados por la dictadura cívico-militar de la presidenta Dina Boluarte, sólo son comparables a los desplegados durante el conflicto interno de los años ochenta y noventa.

Nuestros aliados del MOCICC (Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático del Perú), punto focal de la campaña por el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles en América Latina, nos alertan diariamente sobre el creciente número de muertos y heridos, así como de las detenciones de activistas y dirigentes sociales supuestamente acusados de "terrorismo". 

Augusto Durán, coordinador de la campaña por un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles del MOCICC, declaró: "Las tácticas retóricas utilizadas para deslegitimar las demandas sociales y el nivel de violencia con el que el gobierno responde a las demandas populares recuerdan las horas más oscuras de la historia de nuestro país. La crisis política es una consecuencia más de la herencia colonial que sustenta las economías extractivas depredadoras hasta la fecha. Lo que se reclama es la urgente necesidad de justicia social y de que se escuche la voz de las regiones. La violenta represión requiere la movilización de la comunidad internacional para evitar que, una vez más, sean los más vulnerables quienes paguen el precio del colonialismo institucional."

La Iniciativa de los Tratados se solidariza con nuestros compañeros y el pueblo peruano, respeta y apoya la soberanía de los pueblos indígenas, y condena la estigmatización y criminalización de los manifestantes, que simplemente ejercen su derecho a la libre manifestación pública, y cuyas demandas van mucho más allá del marco político institucional.

Lo que está en juego es la continuidad de la lucha contra un modelo extractivista que sólo ha aumentado las desigualdades, y atender estas demandas es fundamental para la construcción de un futuro justo en Perú y en tantos otros países.

Los abusos de los derechos humanos, cívicos y tradicionales de la población van de la mano de la explotación abusiva de los recursos naturales que, en última instancia, generan la crisis climática que estamos viviendo en todos los rincones del planeta. Los actos políticos que se ven ahora en Perú son representativos de lo que ocurre cuando el poder se centraliza en manos de una élite retrógrada. Es lo que trae a la población un sistema económico extractivista, colonialista y dependiente de los combustibles fósiles. Sólo un sistema basado en la justicia social y climática puede reparar las huellas de la herencia colonial y depredadora que recae sobre el pueblo peruano.

Para entender lo que ocurre en Perú es necesario escuchar las voces de quienes llevan años luchando contra los gobiernos y el lobby de las grandes corporaciones que han impuesto el acaparamiento de tierras, la explotación de recursos, la acumulación de poder y el racismo como bases estructurales de sus economías. La líder indígena Lourdes Huanca estuvo recientemente en Europa para alertar a la comunidad internacional sobre la situación peruana y reafirmó su lectura política de la crisis: "Esto es un golpe de Estado contra los pueblos indígenas".

Henry Cordova, Coordinador Nacional del MOCICC, afirma: "30 años de neoliberalismo salvaje establecido por la Constitución de la dictadura fujimorista han permitido a las élites nacionales y al sector privado imponer a los pueblos indígenas andinos y amazónicos el saqueo sistemático de sus territorios y recursos, sean minerales, petróleo o gas. La élite racista y clasista centralizada en Lima vuelve a utilizar la violencia para mantener el modelo económico que asegura sus beneficios y su poder."

Como red internacional movilizada por una transición justa que abandone la dependencia de los combustibles fósiles y la violencia y el racismo que la sustentan,

nos solidarizamos con nuestros aliados y con el pueblo peruano en sus demandas democráticas de destitución del actual Presidente, elecciones anticipadas, renovación del Congreso y nueva Constitución. Es urgente reconocer el carácter plurinacional de la nación peruana y establecer una distribución equitativa de la riqueza que beneficie a toda la población, empezando por los pueblos indígenas para quienes ya es hora de obtener justicia, reparación e inclusión.

En lugar de responder con balas que sólo infunden miedo y fomentan la ira, el gobierno peruano debería aprovechar la diversidad de la nación para construir una economía igualmente diversa que beneficie a la población de todo el país.